Ciudad de México. – El Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2025 la nueva Ley General de Aguas, una reforma que sustituye el marco legal vigente desde 1992 y que busca garantizar el derecho humano al agua, frenar el acaparamiento privado y fortalecer los sistemas comunitarios de gestión.
Cambios principales
La legislación establece transformaciones profundas en la administración del recurso hídrico:
Transferencia de concesiones: Se elimina la posibilidad de que los derechos de uso del agua sean vendidos o transferidos entre particulares.
Prioridad de uso: El consumo humano y doméstico se coloca por encima de actividades agrícolas e industriales.
Sistemas comunitarios: Por primera vez se reconocen legalmente los modelos de gestión comunitaria e indígena.
Reasignación de volúmenes: La nueva Autoridad del Agua podrá redistribuir reservas nacionales con criterios sociales y ambientales.
Participación privada: Se limita y regula, privilegiando el interés público sobre el lucro empresarial.
Reacciones encontradas
La aprobación generó protestas de productores agrícolas, quienes bloquearon el Congreso para exigir garantías sobre el libre alumbramiento y la sucesión de derechos. En el Senado, legisladoras del PAN acusaron que la ley centraliza el control del agua y reduce la participación privada.
Por otro lado, organizaciones civiles celebraron el reconocimiento de sistemas comunitarios y la prioridad al consumo humano, aunque advirtieron que la reasignación de volúmenes podría abrir espacios a la corrupción si no se establecen mecanismos de vigilancia claros.
Impacto esperado
La nueva ley busca atender la creciente crisis hídrica en México, donde más del 40% de los acuíferos presentan sobreexplotación. Su implementación dependerá de la creación de una Autoridad del Agua, encargada de supervisar concesiones, sanciones y redistribución.