En la comparecencia del Alcalde Román Cota, la sesión se convirtió en un festival de reclamos: manifestantes exigieron explicaciones por el aumento de impuestos, la proyección de nueva deuda, pagos millonarios a la empresa de parquímetros, la posible privatización de una cancha pública y el traslado masivo de funcionarios a la capital estatal.
La comparecencia programada para revisar la Ley de Ingresos 2026 terminó siendo una radiografía de las preocupaciones ciudadanas. Ciudadanos se presentaron con pancartas y consignas para exigir transparencia y respuestas claras sobre el destino de los recursos municipales y las decisiones que, según ellos, afectan el bolsillo y los espacios públicos.
Reclamos principales
Aumento de impuestos y nuevos cobros. Ciudadanos denunciaron que la propuesta de ingresos incluye rubros que implican mayor carga fiscal para familias y comercios locales.
Más deuda para el municipio. Activistas cuestionaron la necesidad de contraer nuevos préstamos en un contexto de prioridades poco claras.
Pagos millonarios a la operadora de parquímetros. Se exigió aclarar montos y condiciones de cualquier indemnización o acuerdo con la empresa encargada del servicio.
Riesgo de privatización de la Unidad Deportiva. Diputados cuestionan sobre la posible pérdida de acceso público a una cancha que consideran esencial para la comunidad.
Traslado de funcionarios a la capital estatal. El envío masivo de personal a Mexicali fue señalado como gasto innecesario y desconectado de las necesidades locales.
Voces desde la protesta
Manifestantes y representantes de colectivos coincidieron en pedir auditorías públicas, la publicación inmediata de los términos de cualquier acuerdo con empresas privadas y garantías de que las instalaciones deportivas seguirán siendo de acceso comunitario. En las consignas se escuchó un reclamo recurrente: “Transparencia ya, No Más DEUDA”.
El Alcalde defendio la propuesta presupuestal como una medida técnica para mantener la operatividad y evitar costos mayores a futuro. Sobre los contratos con empresas privadas, las autoridades señalaron que se trata de procesos sujetos a revisión y negociación técnica.
Mientras la ciudadanía pide cuentas y la cancha de la unidad deportiva mira al horizonte con la pelota a medio camino, el Palacio Legislativo parece haber abierto una ventanilla de sugerencias que, por ahora, solo recibe respuestas a medias y los reclamos de algunos ciudadanos ante el gobierno municipal. La pregunta que queda flotando en el aire es sencilla: ¿quién pagará la cuenta cuando el dinero no alcance, y se termine este trienio?