Tras eludir la justicia en 12 ocasiones, el exgobernador de Baja California enfrenta este lunes la audiencia de vinculación a proceso por delitos de peculado y abuso de autoridad.
Jaime Bonilla Valdez durante su reciente comparecencia ante el Juez de Control en Mexicali.
Foto: FB
Al cierre de marzo de 2026, la situación de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California (2019-2021), atraviesa su etapa más crítica en el ámbito judicial. Tras una audiencia maratónica de 14 horas el pasado miércoles 18 de marzo, un juez formuló la imputación formal por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El Caso Next Energy: Un Contrato de 37 Mil Millones
La fiscalía sostiene que el exmandatario utilizó sus facultades para comprometer las finanzas estatales mediante un contrato irregular con la empresa Next Energy. La investigación revela que el proyecto de la planta fotovoltaica pretendía obligar al estado a realizar pagos fijos durante 30 años por un monto total cercano a los 37,000 millones de pesos, a pesar de carecer de permisos federales y evaluaciones técnicas básicas.
Hitos del Proceso Judicial
- 18 de Marzo: Imputación formal tras eludir 12 citatorios previos alegando motivos de salud o agenda.
- 23 de Marzo: Audiencia de vinculación a proceso a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali.
- Sanción: Inhabilitación administrativa por tres años para ocupar cualquier cargo público.
Estatus Político y Aspiraciones 2027
Actualmente, Bonilla se desempeña como Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California. Desde esta trinchera, encabeza asambleas territoriales con la mirada puesta en el proceso electoral de 2027. Sin embargo, su inhabilitación representa un obstáculo legal directo para sus aspiraciones inmediatas.
Un detalle que marcó la audiencia del 18 de marzo fue cuando el juez ordenó a Bonilla retirarse una chamarra con las siglas del PT por respeto al recinto judicial. A pesar de los señalamientos, el exmandatario mantiene una postura crítica hacia la actual administración estatal, alegando que el juicio es una persecución motivada por su activismo político.
Impacto en el Tablero Estatal
La resolución del juez este lunes 23 de marzo definirá no solo el futuro personal de Jaime Bonilla, sino la credibilidad del sistema judicial frente a casos de corrupción de alto perfil. Mientras la Fiscalía busca el juicio penal, la inhabilitación administrativa ya ha comenzado a mermar el capital político de quien fuera el primer gobernador de Morena en la entidad.